El año 2021 ha sido un periodo de cumplimiento de mandatos para coadyuvar a los objetivos previstos en las políticas ambientales comunitarias y en el Pacto Verde Europeo. De esta manera, se ha aprobado definitivamente una de las piezas fundamentales para la consecución de la transición ecológica, que no es otra que nuestro PNIEC y, paralelamente, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, imprescindible para la puesta en marcha del primero y preludio de normas nacionales y autonómicas tendentes a la planificación, gestión y control de unos fondos cuya finalidad es teñir de verde nuestras economías y reactivarlas.
En paralelo, la naturaleza en su conjunto y nuestro medio ambiente en particular continúan padeciendo, y no logramos reducir emisiones de gases de efecto invernadero al ritmo deseado. En este contexto, la Unión Europea, principal impulsora de la respuesta internacional frente a la crisis climática, se ha dotado de un marco jurídico amplio con la finalidad de convertirse en el primer continente neutro climáticamente en el año 2050.
Se podría afirmar que 2021 ha sido un año caracterizado por una más que abundante producción normativa encabezada por la necesidad acuciante de incentivar la economía a través del adelgazamiento de la tramitación administrativa y de la disminución del nivel de intervención administrativa para poner en marcha, con la máxima urgencia, proyectos que en teoría van a contribuir a la sostenibilidad económica, social y ambiental de nuestro modelo productivo. Aflora, sin embargo, cierta regresión ambiental, puesta de manifiesto por parte de la doctrina.
Si existe una norma de especial relevancia es la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, que ocupa el centro de todas nuestras políticas generales y sectoriales, cuya finalidad es asegurar el cumplimiento, por parte de España, de los objetivos del Acuerdo de París y facilitar la descarbonización de la economía española.
A nivel estatal, ha sido el sector de la energía el que ha ocupado un lugar destacado, sobremanera, el sector eléctrico y la eficiencia energética en la edificación. 2021 se cerró con la práctica habitual de adoptar a través de la fórmula del Decreto-ley, medidas urgentes en el ámbito energético tendentes a eliminar las barreras normativas que impiden o dificultan su despliegue centradas en la movilidad eléctrica, el autoconsumo o las energías renovables.
Descendiendo al sector de la biodiversidad, sobresale la declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, al que se otorga el máximo nivel de protección al albergar valores naturales y culturales excepcionales. Asimismo, el lobo ibérico se ha incluido en Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y los animales se reconocen como seres vivos dotados de sensibilidad.
En otro orden, se continúa apostando por el diseño de Estrategias y Planes. Basta con citar la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y el Plan Nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización.
Con estos antecedentes, junto con la imprescindible interpretación de una normativa cada vez más compleja e impregnada de tintes técnicos, que llevan a cabo de manera objetiva e imparcial nuestros Tribunales en aras a esclarecer su aplicación; sin dejar de lado los estudios doctrinales, la ingente relación de referencias bibliográficas y las notas de actualidad, se ha elaborado una vez más el Anuario de “Actualidad Jurídica Ambiental”.
Se trata del undécimo Anuario, que aglutina 33 artículos y comentarios, 104 notas de legislación y 142 notas de jurisprudencia. En todo caso, una herramienta útil que permite a una sociedad, cada vez más crítica y participativa, familiarizarse con el complejo y, a la vez, apasionante mundo del derecho ambiental.
Una labor del equipo del CIEDA, de los colaboradores externos que forman parte del Consejo de redacción y de todos aquellos que de una u otra forma han coadyuvado al mantenimiento activo de esta publicación.
Fuente: CENEAM
No hay comentarios:
Publicar un comentario